Se destina a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos y demás bienes del Patrimonio Cultural de la Nación en el marco de la ejecución de obras de infraestructuras y servicios, además de proyectos productivos y extractivos que sean obras bajo superficie.